La maniobra del senador libertario Juan Carlos Pagotto desató un escándalo en la Cámara Alta al intentar introducir modificaciones que eximirían de penas a progenitores que vendieran a sus hijos en situaciones de necesidad.
La sesión del Senado del pasado jueves fue escenario de un episodio controvertido y escabroso. El senador Juan Carlos Pagotto, representante de La Libertad Avanza (LLA), protagonizó un escándalo al intentar introducir una modificación al proyecto de ley que endurece las penas por la venta y compra de menores. Su intención era que los progenitores quedaran exentos de sanciones cuando mediara "estado de necesidad", lo que equivaldría a una legalización encubierta de la venta de niños.
El proyecto, presentado por los senadores Carolina Losada (UCR) y Eduardo Horacio Galaretto, busca tipificar como delito la compra y venta de niños, niñas y adolescentes, aumentando las penas de prisión para quienes faciliten, promuevan o intermedien en este tipo de delitos. La iniciativa había sido aprobada por unanimidad con 63 votos a favor, pero la intervención maliciosa de Pagotto generó un revuelo entre los senadores
Pagotto, durante su intervención como miembro informante de la Comisión de Justicia, leyó modificaciones de su autoría como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría. Con un tono impasible, explicó: "Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad". Este intento de subterfugio fue rápidamente desenmascarado por la senadora Juliana Di Tullio (Unión por la Patria), quien lo acusó directamente: "Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen".
El desparpajo de Pagotto no hizo más que enfurecer a la oposición, que inmediatamente solicitó que el expediente volviera a la comisión para una revisión detallada del articulado. La reacción de Pagotto, justificando su propuesta con el argumento de que "hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dado algún chico y si nosotros los sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección", solo agravó la indignación general.
La polémica no terminó allí. La organización "Militamos la Adopción" denunció en redes sociales la maniobra del senador, alertando sobre el peligro de aprobar un código penal que podría legalizar la venta de menores. "Los niños no son mercancía", expresaron en su cuenta de Twitter, y destacaron la agudeza de los senadores opositores para detectar la trampa.
El contexto del escándalo no puede ser ignorado. El caso de Loan Danilo Peña, un niño correntino desaparecido desde el 13 de junio, ha mantenido en vilo a la opinión pública y ha puesto en evidencia las falencias del sistema de protección infantil en Argentina. En este marco, la propuesta de Pagotto fue vista no solo como una burla al dolor de las familias afectadas por la desaparición de menores, sino también como un ataque a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de los niños.
El senador riojano, aliado del polémico líder de LLA, Javier Milei, no es ajeno a la controversia. Milei, conocido por sus posturas extremas, ya había expresado en el pasado opiniones favorables a la venta de órganos y, en declaraciones radiales, no descartó la posibilidad de discutir la venta de menores en un futuro hipotético. Estas posturas, alineadas con el pensamiento paleo libertario, provocaron en su momento un rechazo generalizado, incluyendo el de la entonces rival presidencial Patricia Bullrich, quien utilizó estos argumentos para criticar a Milei durante la campaña de 2023.
La sesión del Senado fue un reflejo de la profunda división y el enfrentamiento ideológico que caracteriza a la política argentina contemporánea. Mientras que la mayoría de los senadores buscaba avanzar en la protección de los menores y endurecer las penas por su sustracción y venta, la intervención de Pagotto reveló una peligrosa tendencia a flexibilizar los límites éticos y legales bajo el pretexto de la "necesidad".
El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, propuso una moción para que el texto regresara a comisión, decisión que fue aceptada y se discutirá el próximo 10 de julio con el asesoramiento de especialistas. Esta medida busca garantizar que el proyecto de ley se aborde con la seriedad y profundidad que merece, sin dejar resquicios para interpretaciones peligrosas o flexibilizaciones injustificadas.
El escándalo protagonizado por Pagotto no solo pone en cuestión la integridad y las intenciones de ciertos sectores políticos, sino que también resalta la necesidad de una vigilancia constante y una participación activa de la sociedad civil en la defensa de los derechos de los más vulnerables. La aprobación de leyes que protejan a los niños y sancionen severamente su comercialización es un paso indispensable hacia una sociedad más justa y segura.
FUENTE Y FOTOS: La Política Online - Página/12 - Norte - En Orsai
