Daniel Vera, docente jubilado de Resistencia, cumple seis meses bajo arresto domiciliario tras ser acusado de amenazas en redes sociales contra el presidente Javier Milei y otras figuras públicas. La Justicia rechazó reiteradamente su excarcelación y el expediente ya se encamina al juicio oral. “Buscan que la gente tenga miedo de hacer publicaciones en contra del gobierno”, advirtió el abogado defensor, Ignacio Funes Peralta.
Este viernes se cumplen seis meses desde la detención de Daniel Vera, un docente de música jubilado que reside en Resistencia y que está acusado de haber proferido presuntas amenazas por redes sociales contra el presidente Javier Milei y otras figuras públicas. Actualmente, Vera se encuentra bajo arresto domiciliario, luego de reiterados rechazos a pedidos de excarcelación, y su situación judicial se encamina hacia el juicio oral.
Vera fue detenido el 2 de julio en su vivienda de la capital chaqueña durante un operativo encabezado por la Sección de Relevamiento en Investigaciones Complejas, dependiente de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos efectivos viajaron casi mil kilómetros para llevar adelante el procedimiento. La orden había sido emitida por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo, en el marco de una investigación iniciada a partir de tareas de “ciberprevención”. Días después, el jubilado fue procesado por los delitos de amenazas anónimas e incitación al odio.
Durante el allanamiento se secuestraron cinco armas de aire comprimido, cuchillos, dos computadoras, discos externos y pendrives. También participaron agentes de la Policía Caminera del Chaco, que revisaron doce motocicletas que Vera tenía en su garaje, pese a no contar con una orden judicial para hacerlo. Todas se encontraban en regla.
La causa se abrió en febrero de 2025, a partir de publicaciones que habría realizado en un grupo de Facebook vinculado a la causa palestina. Bajo el usuario “Elpidio Sánchez”, Vera habría compartido imágenes en las que se mostraba al presidente Milei, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al exdiputado José Luis Espert y a los periodistas Luis Majul, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann con un punto rojo en la frente.
En ese mismo contexto, se le atribuye la frase “como a ratas hay que cazarlos y eliminarlos”, que acompañaba un enlace a un video sobre soldados israelíes acusados de crímenes de guerra en el exterior. Esa publicación se dio en paralelo a una serie de posteos en los que denunciaba el genocidio en Gaza.
Tras su detención, Vera fue alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, donde permaneció sin cama, colchón, elementos básicos ni acceso adecuado a sanitarios. Tampoco contaba con defensa técnica y desconocía los cargos que pesaban en su contra. Ante esas condiciones, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza federal Zunilda Niremperger, quien ordenó garantizar condiciones mínimas de detención, el acceso a atención médica por su cuadro de hipertensión, la comunicación irrestricta con su defensa y evitar cualquier exposición pública indebida.
Cumplidas esas medidas y luego de ser indagado —instancia en la que se dictó su prisión preventiva—, el jubilado fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el centro de Resistencia. Allí permaneció en condiciones de detención más adecuadas: recibió atención médica, su medicación, pudo dormir en una cama y recibir visitas. Aunque se libró una orden de traslado a una cárcel federal, esa medida nunca se concretó.
Tras casi diez días detenido, el 11 de julio regresó a su domicilio, donde permanece bajo prisión domiciliaria. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el rechazo al pedido de excarcelación, pero habilitó que continúe el proceso en su vivienda.
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia impusieron además restricciones adicionales, entre ellas la prohibición de salir del país, la retención del pasaporte y la implementación de un sistema de monitoreo permanente. En paralelo, la causa incorporó como querellante al periodista Eduardo Feinmann. Desde entonces, Vera solo puede salir ante emergencias o por razones de salud.
Rechazos
Cabe recordar que el 17 de noviembre pasado la defensa de Vera presentó un nuevo pedido de excarcelación ante el fiscal federal Nicolás Czizik, que fue rechazado ese mismo día. Según confirmó LITIGIO, Czizik —fiscal federal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— sostuvo su negativa pese al planteo del abogado defensor, Ignacio Funes Peralta, quien argumentó que ya no subsistían las razones que habían motivado la prisión preventiva, al no existir riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecimiento de la investigación, dado que la etapa de instrucción se encuentra concluida.
En conversaciones informales entre la defensa y la fiscalía, también quedó descartada cualquier posibilidad de acceder a una suspensión del juicio a prueba. La probation, que permite evitar una condena mediante el cumplimiento de determinadas reglas durante un plazo, no sería considerada viable para este caso, según habría adelantado el fiscal.
Actualmente, el expediente se encuentra radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por los jueces Fernando Marcelo Machado Pelloni (presidente), Javier Feliciano Ríos (vicepresidente) y Andrés Fabián Basso (vocal), quienes deberán avanzar hacia el debate oral.
Por su parte, el abogado Funes Peralta cuestionó la imputación al sostener que carece de sustento jurídico, ya que —según su criterio— se trata de publicaciones en redes sociales que no estuvieron dirigidas a las personas que habrían sido amenazadas y que no configuran un delito penal.
“Las conductas que llevó adelante no configuran un delito. Son publicaciones en redes sociales, algo que hacemos muchos. No fueron dirigidas a las personas que supuestamente recibieron la amenaza”, explicó en declaraciones a Contame Más.
El letrado fue más allá y consideró que este accionar judicial busca dos finalidades claras: “Por un lado, intenta generar una hegemonía de opinión en las redes sociales y, por otro, que la gente tenga miedo en un futuro de poder poner cualquier publicación en contra del gobierno, porque puede significar un costo alto, como lo que está pagando hoy Daniel”, indicó. Mientras tanto, Vera continúa bajo arresto domiciliario, con un progresivo deterioro de su estado de salud debido al encierro.
Fuente y fotos: Litigio
