La causa por presunto lavado de activos, evasión tributaria y enriquecimiento ilícito que involucra a exfuncionarios del gobierno provincial tuvo una intensa actividad a fines de la semana pasada. Es que desde que se conoció la información, se sucedieron una serie de allanamientos en simultáneo, que incluyeron Casa de Gobierno, una guardería de lanchas, domicilios particulares y a hasta la agencia de publicidad Brandon, entre otros.
En diálogo con Radio Ciudad y Ciudad TV, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini aclaró sin embargo que por el momento no hay imputados y que la investigación se encuentra en una etapa muy incipiente.
“No hay ningún imputado en la causa. Lo que estamos haciendo nosotros es recolectar información para elaborar una base fáctica para la aplicación de una norma penal. Eso solicitaremos oportunamente a la jueza Federal (de Resistencia, Zunilda Niremperger) para que ella continúe la investigación y luego pediremos que nos delegue”, explicó.
De todos modos, reconoció que pidió que se prohíba la salida del país a 10 personas: el exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo; el exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, la exsecretaria del gobernador, Susana Fernández; al cuñado de Rey y excoordinador general de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández; al propietario de la agencia de publicidad “Brandon”, Facundo Gil; Hugo Orlando Rey; Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo y Walter Rolando Retamozo.
“Se pidió la prohibición de que salgan del país por un peligro de que puedan fugarse. Tiene un fundamento atento a que muchos de ellos tienen salida muy fluida del país. Por eso consideramos que era pertinente solicitar esto a la jueza”, explicó.
Allanamientos
El fiscal comentó además que en los allanamientos se secuestraron varios elementos que a partir de ahora serán peritados con especialistas del Ministerio de Seguridad de la Nación y de AFIP. En este sentido, confirmó que se borraron algunos documentos informáticos que tenían información sensible para la causa, y es por eso que se sospecha de un encubrimiento.
“Ya está acreditado que hubo borramiento de pruebas. Lo confirmaron dos funcionarios públicos: uno de la AFIP y el Prefecto que estaba a cargo del operativo. Lo que se necesita ahora es determinar quiénes fueron los que estaban borrando esos documentos”, remarcó.
Cómo comenzó todo
Respecto de cómo se inició esta causa, Sabadini comentó que todo se comenzó a partir de una investigación de Prefectura Naval quien detectó que una mujer tenía unas cinco lanchas a su nombre, algo particularmente inusual teniendo en cuenta que cada embarcación de ese tipo cuesta entre 540 mil pesos y 740 mil pesos.
“Iniciamos una investigación junto con Prefectura Naval hace aproximadamente dos meses. Se fue incorporando información hasta que en un determinado momento recibimos una presentación de un posible sospechoso que nos llama la atención porque la causa venía por otro lado. Y a los cinco días recibimos un sobre con una denuncia para nada abstracta con algunos detalles que solamente una persona con conocimiento específico lo podría auditar”, indicó.
“Aparte de esa denuncia, venía acompañada con copia simple de alguna documentación. Eso motivó a que si bien no es nuevo el documento esto nos dio indicio para buscar las pruebas que derivaron en los allanamientos”, añadió.
FUENTE, FOTOS Y MULTIMEDIA: Chaco Día por Día
