Dos soldados declararon contra un teniente y lo acusaron de drogarlos y violarlos. Los abusos habrían ocurrido cuando los denunciantes aún era parte del Ejército y vivían en Uspallata.
Acusación. Los abusos habrían ocurrido en una unidad militar. FOTO: Archivo
El juicio que tiene en el banco de los acusados al teniente primero Osvaldo Lozada, acusado por dos soldados de abuso sexual, tuvo ayer su segunda audiencia en los Tribunales Federales. Los hechos se denunciaron hace dos años en la unidad militar de Uspallata.
Lozada, quien en su calidad de enfermero diplomado atendía el servicio de sanidad del Grupo de Artillería de Montaña 8, está detenido desde noviembre pasado. Las dos víctimas dejaron el Ejército y una de ellas cuenta con el patrocinio del abogado Facundo de Oro.
Ayer, ante el tribunal, ambos reiteraron, en calidad de identidad reservada, las acusaciones que hicieron varios meses después de ocurridos los hechos. En aquel momento la denuncia, erróneamente, fue concretada en la Justicia provincial, situación que fue remediada cuando se dio intervención a la Justicia Federal.
Allanamientos y fuga
En ese tiempo hubo varios allanamientos a la unidad, con la intervención de la Policía Federal, principalmente en la enfermería, de donde se secuestró un portafolio perteneciente al acusado. En su interior se encontraron pastillas psicotrópicas (que actúan sobre el sistema nervioso central) con las cuales, según lo denunciado por los soldados, se habría dominado la voluntad de las víctimas.
También se buscó al teniente en su casa dentro del complejo militar pero sin éxito porque, según trascendió, el hombre había abandonado la vivienda junto a su familia. Tiempo después fue ubicado y enviado a la cárcel de Boulogne Sur Mer, donde aún se encuentra.
Ahora se escuchó el testimonio del médico responsable de la sanidad y algunos de los nueve testigos convocados. El uniformado llegó a debate acusado de abuso sexual, delito que, según el artículo 119 del Código Penal, contempla una pena de hasta 15 años de cárcel.
Al frente del Tribunal está la jueza María Paula Marisi, acompañada por Roberto Nacif y Alejandro Piña, mientras que la acusación del Ministerio Público es responsabilidad de la fiscal federal María Gloria André. El abogado Alfredo Paturzo tiene a su cargo la defensa del acusado.
Al término de la audiencia, que fue interrumpida por un cuarto intermedio para que los magistrados recorrieran la nueva cárcel federal en Cacheuta, se decidió postergar las audiencias hasta el lunes 12 de noviembre, cuando se escucharán los últimos testimonios para pasar a escuchar los alegatos de las partes y, a su término, conocer la sentencia.
FUENTE Y FOTOS: Los Andes
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