El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, Kevin Nielsen, adelantó que el organismo provincial planteará, durante el juicio oral que se inicia este viernes, que se agrave la calificación del delito imputado al suboficial de Drogas Peligrosas, Oscar Follmer, quién es juzgado por el asesinato por la espalda de Emanuel Benjamín Fernández.
Más allá de que el cambio de calificación elevaría la pena a prisión perpetua, Nielsen explicó que el Estado pretende “que se califique correctamente por una cuestión de acceso a la verdad real por parte de las víctimas y de toda la sociedad”. Otros de los objetivos es erradicar las prácticas de encubrimiento que las propias fuerzas policiales aplican en casos que involucran a sus funcionarios.
La Secretaría de Derechos Humanos del Chaco es una de las querellantes en la causa por el hecho que tuvo lugar el 9 de agosto de 2018 cuando, a la salida de su domicilio, Follmer disparó por la espalda dando muerte a Fernández luego de que éste habría intentado sustraerle su moto. La causa fue elevada a juicio por la fiscal Liliana Irala como homicidio agravado por el uso de arma, es decir, como si Follmer fuese un civil.
En cambio, desde Derechos Humanos consideran que la situación de que el acusado sea un suboficial de la División Drogas Peligrosas de la Policía del Chaco debiera agravar la calificación delictiva porque, justamente, lo hizo en calidad de miembro de una fuerza de seguridad. Es decir, que se trató de un caso de “gatillo fácil”.
“Nosotros reconocemos la labor investigativa de la Fiscal Nº 14, Liliana Irala, discrepamos con la calificación legal con la que se eleva a juicio, porque trata al suboficial Follmer como un civil, por haberse encontrado particularmente a escasos minutos de salir de franco”, aclaró Nielsen. En ese sentido, adelantó que “nosotros entendemos que Follmer actuó debido al estado policial permanente en calidad de agente o debía haber actuado en calidad de agente, siguiendo las previsiones del uso racional de la fuerza letal, que está contemplado en la ley de Seguridad Pública”.
Erradicar el encubrimiento
Por otro lado, Nielsen explicó que la intervención como querellante por parte del Estado tiene por objetivo investigar o corroborar algo que pasó de ser una hipótesis a casi una certeza: que hubieron despliegues de encubrimiento posterior al hecho. “A la víctima le habrían plantado un arma, entonces para nosotros es un caso emblemático para erradicar estas prácticas en las fuerzas de seguridad. No queremos decir que todos los policías actúen de esta manera pero creemos y queremos que con la resolución de estos casos podamos dar un fuerte mensaje de que la fuerza debe ser utilizada racional, legalmente, y que se tienen que terminar los actos de encubrimiento institucional por agentes de las fuerzas de seguridad con respecto a los delitos cometidos por sus camaradas”.
FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día - Imagen Portada Ilustración Web
