Aldo Alurralde, magistrado federal de Reconquista, exigió la mejora de la traza que se extiende por 266 kilómetros.
El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, intimó a Vialidad Nacional a reparar de inmediato un tramo de la Ruta 11 en la provincia de Santa Fe. La orden judicial se extiende a 266 kilómetros que abarcan los departamentos de Vera, San Javier y General Obligado.
En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Alurralde explicó que la decisión no es producto de negociaciones, sino una "orden que se le da a la Dirección Nacional de Vialidad". Aunque Vialidad apeló la medida, la apelación no tiene efecto suspensivo, lo que permite que la orden se mantenga vigente mientras se espera la decisión de la Cámara Federal.
El juez fundamentó su fallo en informes que evidencian el deterioro de la ruta. "Surge claramente la existencia de baches, falta de señalización, en algunos casos la ruta está casi desaparecida", indicó. Además, señaló que esta situación representa un riesgo para la seguridad de miles de personas que transitan diariamente por esta vía, esencial por su carácter internacional.
Alurralde criticó la paradoja de que, mientras el Estado promueve campañas de seguridad vial, las condiciones de las rutas no garantizan la seguridad necesaria. "Esto no viene de esta gestión de gobierno, sino que ya la Dirección Nacional de Vialidad lo admite en un informe del año 2019", afirmó.
Respecto a la posibilidad de que otros jueces de diferentes jurisdicciones tomen medidas similares, el juez mencionó que "poder sí, sí se puede plantear", ya que la Ruta Nacional Nº 11 atraviesa varias provincias. Sin embargo, destacó la urgencia de actuar ante la cantidad de accidentes viales que se registran en la zona.
Alurralde también solicitó un informe sobre el avance de las obras, que están a cargo de una empresa contratada, con un plazo de culminación previsto para el 28 de abril. "Lo que queremos es que se aceleren porque todavía faltan muchas obras que hacer", enfatizó.
Finalmente, el juez advirtió que el incumplimiento de la orden judicial podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios encargados. "Si no hay un delito, eso se llama desobediencia judicial", concluyó Alurralde, dejando claro que la orden debe ser cumplida mientras esté vigente.
FUENTE Y FOTOS: Cadena 3
