Los 140 empleos perdidos resultan una tragedia económica en la localidad donde está la planta. Un golpe social y económico para Suipacha, localidad con poco más de 11 mil habitantes ubicada a 126 kilómetros al noreste de la Capital Federal. Los puestos de trabajo perdidos conmocionan a una localidad que dependía fuertemente de esa tradicional fábrica láctea.
La quiebra de La Suipachense representa una tragedia económica y social para Suipacha, una localidad del norte bonaerense que, según el censo del INDEC 2022, cuenta con 11.786 habitantes. La planta era el principal motor productivo del distrito y su cierre afecta de manera directa a 140 familias y, de forma indirecta, a gran parte de la economía local.
A principios de septiembre, la empresa había despedido a nueve empleados administrativos y amenazado con cesantear a otros sesenta, lo que derivó en movilizaciones y protestas tanto en Suipacha como en la vecina ciudad de Chivilcoy. “La fábrica era una fuente de trabajo vital para toda la región”, coincidieron los empleados durante las marchas.
Luego de haber intimado a la empresa a que presenta un plan de acción a fines de octubre, tras tres meses de parálisis de sus actividades y a pedido de un abogado vinculado al gremio Atilra, la justicia en lo comercial de Mercedes decretó la quiebra de la empresa Conosur SA, que sería una pantalla legal del grupo lácteo Maralac, el que a su vez manejaba desde 2012 la tradicional fábrica láctea La Suipachense. De ella dependían 140 familias de Suipacha y alrededores.
A partir de este fallo del juez Leandro Julio Enríquez , el supuesto dueño de Conosur SA, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, perdió el control de la empresa y quedó inhibido de realizar movimientos con el capital y los bienes de dicha firma con asiento en al ciudad bonaerense de Suipacha, y debe pedir permiso a la justicia para su eventual salida del país. Los trabajadores, desde hace varias semanas, vienen denunciando “un vaciamiento”.
La Suipachense entró en la recta final de su larga crisis a principios de septiembre pasado, cuando la dirección echó primero a 9 trabajadores administrativos y amenazó con despedir a otros 60 empleados más. En ese momento se detuvo la actividad de la fábrica y los 140 empleados de la misma salieron a manifestarse junto a los vecinos de Suipacha, primero, y de la vecina Chivilcoy, ya que la planta era una fuente de empleo de suma importancia para esa región.
Cuando se pidió la quiebra, la firma adeuda parte de la segunda cuota del acuerdo homologado, la totalidad de la tercera, la cuarta y la quinta cuota. Todo ello por un total de 293.857 dólares, precisó el fallo judicial. Frente a la intimación, además, “la concursada, sin perjuicio del Plan de Acción denunciado, en lo que respecta estrictamente a la intimación, ha guardado silencio”.
El “Plan de Acción” mencionado, había sido presentado por la firma de capitales venezolanos el pasado 4 de noviembre, pero “dicho plan no ha recibido favorable acogida por parte de la Sindicatura ni de los acreedores”, se estableció.
En este contexto, el representante legal Julián Coronel, como letrado apoderado del gremio Atilra y su obra social, además de Watt’s SA, pidió la quiebra este lunes 10, siendo concedida de inmediato por la justicia. Coronel había catalogado como “burla” hacia todos los acreedores el plan de acción en cuestión.
“La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente 3 meses, circunstancia que no sólo se encuentra denunciada en el expediente sino que es pública y notoria, resultando de ello la delicada y grave situación de los trabajadores a cargo de la empresa, con la consiguiente nula generación de ingresos de la concursada, hecho que además complejiza al extremo el restablecimiento de su puesta en funciones denunciadas en el plan de acción”, contextualiza el fallo judicial.
De un informe de la Sindicatura fechado al 24 de octubre surge que además La Suipachense había acumulado una deuda post concursal por cheques rechazados de 8.458 millones de pesos, que se sumaría a otros 1.000 millones de pesos por deuda devengada con posterioridad al concurso reclamada por el gremio y su obra social por aportes no realizados.
Por eso, la jueza decidió “declarar en estado de quiebra a la empresa Lácteos Conosur SA (Cuit 30-68714743-6)”, y ordenó que “se libre oficio al BCRA para que tome nota del decreto de quiebra y lo comunique a todas las instituciones financieras y proveedores de servicios de pago del país”, para que eventualmente bloqueen el acceso de los dueños de la empresa a sus cuentas o cajas de seguridad.
En el dictamen también se decidió pedir a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país del presidente de la firma, el mencionado Borges León. A este empresario de origen venezolano que hace ya varios años desembarcó en La Suipachense se le pidió además que entregue “las llaves del establecimiento y/o claves de acceso digital en caso de que las hubiera”.
Ahora, con la quiebra decretada, la justicia fijó fecha hasta el 10 de febrero de 2026 para que los acreedores se presenten a verificar sus créditos. Luego, el 14 de mayo del próximo año, se presentará un informe general sobre el estado de la compañía.
Este caso está ligado con otro igualmente preocupante por la situación laboral que deja. Días atrás la justicia también decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que producía los postres, yogures y flanes con marca SanCor.
En esa firma, también tallaban los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes supuestamente ya controlaban La Suipachense a través de Maralac SA. Su desaparición en los últimos meses precipitó esta situación que afecta especialmente a unos 400 trabajadores.
FUENTE Y FOTOS: Data Gremial - Bichos de Campo
