La negativa se dio en el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos, donde el país enfrenta un fallo millonario.
El Gobierno nacional volvió a cerrar filas frente a un requerimiento sensible: informar dónde se encuentran las reservas de oro del país. La negativa, presentada ante la jueza Loretta Preska, suma un nuevo capítulo de opacidad en un litigio que podría derivar en la ejecución de activos argentinos en el exterior.
La solicitud fue rechazada con el argumento de que el oro pertenece al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que, por tratarse de un organismo autónomo, el Tesoro no cuenta con acceso a esa información. La postura oficial también incluyó la negativa a que el ministro de Economía, Luis Caputo, declare en la causa para brindar precisiones, aunque desde el Ejecutivo señalaron que elevarán el pedido correspondiente al propio Banco Central.
En este contexto, los beneficiarios del fallo que condenó al país a pagar alrededor de 16.000 millones de dólares buscan reconstruir el mapa de los activos argentinos para avanzar en la ejecución de la sentencia. El fondo Burford Capital, que adquirió los derechos del juicio, impulsa la estrategia del “alter ego”, con la que intenta demostrar que no existe una separación real entre el Estado nacional y el BCRA. Si esa tesis prospera, podría habilitar embargos sobre reservas, incluido el oro.
La discusión se volvió aún más sensible luego de que trascendiera que, a mediados de 2024, el Banco Central envió parte de sus reservas de oro al exterior. Aunque la operatoria no fue informada oficialmente, quedó expuesta por la difusión de videos que mostraban camiones blindados trasladando el metal hacia el aeropuerto de Ezeiza. Según pedidos de acceso a la información pública, los envíos se realizaron los viernes 7 y 28 de junio de 2024, mediante la transportadora Loomis y la aerolínea British Airways, con destino a Londres, por un monto estimado en unos 450 millones de dólares.
El oro viajó en silencio y las explicaciones nunca llegaron
En su momento, Caputo defendió públicamente esa decisión y la calificó como “una movida muy positiva del BCRA”. “Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble, un edificio; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, sostuvo el ministro. Y agregó: “El país necesita maximizar los retornos sobre sus activos. Tenerlo encerrado en el BCRA sin hacer nada es negativo”.
A la par del frente judicial internacional, también existen antecedentes recientes en el plano local. En diciembre pasado, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo que había rechazado un pedido de información presentado por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. En esa resolución, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani cuestionaron que el Banco Central no explicara de manera concreta por qué revelar la ubicación del oro podría representar un riesgo para el sistema financiero o bancario.
El BCRA, conducido por Santiago Bausilli, había fundamentado su negativa en el artículo 8 de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Con la nueva decisión judicial, el organismo quedó obligado a entregar la documentación solicitada o, en su defecto, a justificar con mayor precisión técnica por qué la difusión de esos datos podría afectar la estabilidad del sistema.
El debate no es nuevo. En septiembre de 2017, durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central, se enviaron al exterior unos 11.000 kilos de oro con el mismo argumento: obtener rentabilidad sobre las reservas. Ese antecedente volvió a cobrar relevancia ahora, cuando el paradero del oro argentino se transformó en una pieza clave del juicio por YPF y en un foco creciente de desconfianza sobre la estrategia del Gobierno para proteger los activos del país.
Fuente y fotos: Código Baires
